El 27 de septiembre de 2015, la noticia de que Amanda Watts, exfuncionaria de prisiones británica, había sido encarcelada por vender información privada sobre George Michael al periódico The Sun sacudió a la opinión pública. El famoso cantante, quien había pasado ocho semanas en prisión en 2010 después de chocar su auto bajo los efectos de cannabis, había intentado sobrellevar la pena en la privacidad de su celda. Sin embargo, Watts, una oficial de prisiones en HMP Highpoint, no tardó en aprovechar su posición para suministrar a la prensa detalles íntimos de la estadía de Michael, incluyendo los nombres de las personas que lo visitaban y un esquema del área de su celda que incluso ayudó a los fotógrafos a obtener imágenes exclusivas del cantante desde el exterior de la prisión.
Por cinco historias sobre el músico, Watts recibió un pago de £2,100 (alrededor de $3,250 USD) de News International, editor de The Sun. Este escándalo fue uno de los muchos casos derivados de la operación Elveden, una investigación amplia sobre la venta de información por parte de funcionarios públicos británicos a medios de comunicación. La operación culminó en la detención de varias figuras y generó un debate nacional sobre ética, privacidad y el rol de los medios en la explotación de información sensible.
El juez John Bevan, al dictar una sentencia de 12 meses para Watts, resaltó la falta de «lealtad y discreción» que el cargo requería, subrayando que la conducta de Watts erosionó la confianza pública en el sistema penitenciario. La defensa de Watts argumentó que ella sufría de problemas de salud mental y lupus, y que la presión económica la llevó a cometer esta falta. Sin embargo, la gravedad de su acción, al comprometer la privacidad y seguridad de un prisionero reconocido internacionalmente, fue considerada una infracción que ameritaba castigo ejemplar.
Esta sentencia generó opiniones divididas en la opinión pública. Kelvin MacKenzie, exeditor de The Sun, criticó la decisión calificándola de «disproporcionada» y defendió el derecho a que los medios divulgaran información de personajes públicos. Por otro lado, oficiales de la operación Elveden sostuvieron que el caso de Watts era representativo de un problema más profundo en la relación entre los funcionarios públicos y la prensa, donde la ética y la integridad se ven comprometidas por el interés financiero.
Este caso dejó un precedente importante en cuanto al trato de la información privada de figuras públicas y reafirmó los límites de los medios sobre el respeto a la confidencialidad y a la intimidad, una cuestión que sigue siendo relevante en la era digital actual.